La pandemia por covid-19 es el reto más grande al que se enfrentarán los gobiernos y las finanzas públicas del mundo. El Gobierno mexicano tiene una alternativa para fortalecer las finanzas públicas, incrementar la recaudación fiscal y reducir la economía informal en la etapa de recuperación de la crisis sanitaria y económica: impulsar la reducción del uso de dinero en efectivo como medio de pago.

La economía mexicana funciona en gran medida fuera del sistema financiero y sin recurrir a los medios de pago electrónicos como las tarjetas de crédito, débito, transferencias, pagos en línea, monederos electrónicos, dinero móvil o CoDi. De acuerdo con datos de Mastercard, más del 70% de las transacciones de consumo en México se hacen con dinero en efectivo. La baja presencia de  transacciones que utilizan medios de pago electrónicos integrados al sistema financiero facilita la evasión, dificulta el cobro de impuestos y reduce la base gravable efectiva.

Al respecto, Laura Cruz, directora general de Mastercard México, comentó: “Una de las principales ventajas de los pagos digitales es su trazabilidad. Esta característica promueve de manera automática la transparencia de los flujos, además de crear eficiencias y reducir el costo de manejo del efectivo. La recaudación tributaria, es un ejemplo de estas aplicaciones y de sus beneficios, en beneficio tanto de la economía nacional, como de los contribuyentes y la población en general, como beneficiaria última del sistema tributario”.

¿Cuánto pierde el Gobierno por la economía informal?

De acuerdo con estimaciones recientes de EY y Mastercard, en México la economía informal basada en efectivo representa el 19.2% del PIB. El tamaño de las actividades económicas que están ocultas del escrutinio de las autoridades o que no tienen registro, es de cerca de 4.6 billones de pesos anuales, si tomamos como base el tamaño de la economía en 2019.[2] La pérdida de recaudación fiscal derivada de la existencia de una economía informal basada en el uso de efectivo representa el 2.6% del PIB, es decir, cerca de 620 mil 500 millones de pesos. Esta cifra es equivalente al 10% del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 o a casi la totalidad de los presupuestos destinados a las secretarías de Bienestar, Salud y Educación Pública. La pérdida en recaudación también podría representar el 19.4% de los ingresos tributarios reportados por el SAT en 2019.

Existen acciones que el Gobierno mexicano puede implementar para incentivar la adopción de medios de pago electrónicos, reducir el tamaño de la economía informal e incrementar la recaudación fiscal, para ello el IMCO propone:

  1. Incentivar la adopción de métodos de pago electrónicos por parte del Gobierno como una alternativa eficiente y fácil de usar para todos. El Gobierno federal y los gobiernos locales deben fomentar la adopción de medios electrónicos para el pago a proveedores, contratistas de obra públicas, nóminas y esquemas de distribución de programas sociales.
  2. Implementar incentivos fiscales para consumidores: beneficios, exenciones  y reducción de costo por uso de medios electrónicos de pago como tarjetas bancarias.
  3. Desarrollar incentivos fiscales para comercios: reducción del costo fiscal y operativo por aceptar pagos electrónicos en negocios, subsidio de dispositivos como terminales punto de venta y deducciones fiscales por ingresos reportados en medios de pago electrónicos.
  4. Generar mayor aceptación de medios de pago electrónicos: promover la aceptación de pagos electrónicos e instalación de dispositivos como terminales punto de venta.
  5. Impulsar los pagos electrónicos de salarios y prestaciones laborales: requisito de pago de nóminas y otras contribuciones vía transferencias bancarias.
  6. Establecer montos máximos permitidos de consumo en efectivo: límites máximos de compras que pueden hacerse en efectivo.

También se deben implementar políticas que incrementen la competencia del sistema bancario y los sistemas de pago. En conjunto con la regulación para las empresas de tecnología financiera, es necesario adoptar estándares como el de banca abierta (Open Banking) para incrementar la diversidad de servicios financieros para personas no incluidas. Además, es posible que aún existan áreas de oportunidad en temas como la regulación de los mercados de dos lados, servicios  y sistemas de pagos, temas de interconexión, balance entre bancos emisores y adquirentes de tarjetas de crédito, integraciones verticales en segmentos específicos del sistema financiero, así como la entrada y correcta operación de cámaras de compensación para pagos con tarjetas.

Los cálculos de EY y Mastercard indican que si se implementan estas medidas de manera simultáneala recaudación fiscal podría aumentar hasta en un 0.58% del PIB. Considerando el PIB de 2019, estos recursos representan casi 140 mil millones de pesos y equivalen al 2.2% del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 o 4.4% de los ingresos tributarios reportados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2019. Tales recursos netos adicionales podrían financiar la totalidad del presupuesto destinado en 2021 para el programa de pensiones para adultos mayores (135 mil millones de pesos). Esta recaudación adicional equivale también a la suma del presupuesto de los programas prioritarios como las becas Benito Juárez para educación media y media superior, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para personas con discapacidad y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Por su parte, Valeria Moy, directora general del IMCO, indicó que “el Gobierno federal debe recaudar más, pero también gastar mejor.” En su opinión las autoridades deben garantizar que el aumento en la recaudación, derivado de la adopción de medios de pago electrónico, se destine a programas y proyectos con el mayor beneficio social y económico posible. Para lograrlo se necesitan estipular restricciones a su uso. Es decir, estos recursos deben ser etiquetados para, por ejemplo, financiar medidas de apoyo a familias y pequeños negocios afectados por la crisis sanitaria, para la reposición del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), el mejoramiento de los servicios públicos o el financiamiento de programas y proyectos de infraestructura con probada rentabilidad social.