El 28 de agosto pasado, en conferencia de prensa, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) anunció que daría a conocer una propuesta de modificación legal que busca combatir el serio problema que representa la comercialización de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, vinculadas con las llamadas «empresas fantasmas».
En un ejercicio de transparencia institucional, a partir del 10 de septiembre, PRODECON da a conocer en su página electrónica el documento en el que se expone, incluso en forma gráfica, cómo opera el negocio de las empresas fantasma, lo que se propone para inhibir dicha práctica e incluso el efecto económico y de control que provocaría esta reforma sobre quienes comercializan comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes.
«Para nadie es un secreto esta práctica. Basta con teclear «venta de facturas» en internet para darse cuenta de lo evidente de este ilícito y lo arraigado del mismo. Es un cáncer que corroe el sistema fiscal mexicano y que genera ganancias ilícitas multimillonarias» refiere el documento publicado.
Como novedad destacada, PRODECON señala que esta propuesta también busca de manera directa combatir la corrupción en el sector público, ya que la población ha conocido de sonados casos en que entidades de ese sector recibieron comprobantes fiscales o factura de empresas fantasmas.
La propueta de modificación legal consiste en obligar tanto a las personas morales como a la Federación, Estados y Municipios a retener y enterar las dos terceras partes del IVA que se cause cuando reciban servicios prestados por personas morales. El Ombudsman fiscal destacó que las personas físicas quedan fuera de esta obligación.
El documento publicado hace énfasis en que esta propuesta no tiene impacto presupuestal y modifica tan sólo un artículo de la Ley del IVA.
La presentación al público de este proyecto, previo a su presentación oficial ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, tiene por objeto recibir propuestas, opiniones o comentarios de cualquier persona interesada.
La dirección de correo electrónico a la que se podrá enviar estos comentarios es consultapublica@prodecon.gob.mx y el plazo que se tiene para ello es del 10 al 28 de septiembre de 2018. La unidad administrativa encargada de coordinar esta consulta pública e la Subprocuraduría General de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
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