Las lluvias y huracanes se consolidan como un riesgo para el bolsillo de los hogares mexicanos ya que el 50% de la población afirmó que la principal preocupación económica ante estos fenómenos es sufrir daños en su patrimonio, desde afectaciones a la vivienda y pérdida de muebles hasta daños en automóviles, de acuerdo con el estudio “Percepción Nacional de la Temporada de Lluvias y Huracanes 2026”, elaborado por Research Land.
Esta afirmación sucede después de un año particularmente costoso ya que en 2025, los daños asegurados por lluvias, inundaciones y otros riesgos hidrometeorológicos alcanzaron 11 mil 300 millones de pesos, 70% más que en 2024, mientras que apenas 26.5% de las viviendas en México cuenta con algún seguro, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
“Las lluvias dejaron de percibirse únicamente como un fenómeno meteorológico y comenzaron a representar un riesgo financiero para las familias. Cuando una inundación afecta una vivienda, un automóvil o impide trabajar durante varios días, el impacto llega directamente al patrimonio y al ingreso disponible de los hogares”, afirmó Pablo Levy, Director General de Research Land.
El estudio reveló además que 22% de los mexicanos señaló como principal inquietud la pérdida de ingresos, empleo o el cierre de negocios; 18% teme tener que asumir directamente las reparaciones de su colonia sin apoyo gubernamental, mientras que 10% manifestó preocupación por un eventual desabasto de alimentos y el consecuente incremento de precios.
La preocupación patrimonial aumentó 18 puntos porcentuales en dos años. En 2024, los daños a bienes representaban el 32% de las principales inquietudes económicas relacionadas con lluvias y huracanes; para 2026 alcanzaron el 50 por ciento.
El impacto económico cambia según la región
La vulnerabilidad económica no se percibe de manera uniforme en el país. En las zonas costeras, donde existe una mayor exposición a huracanes, el 70% de la población señaló los daños al patrimonio físico como su principal preocupación.
En la región Central, en cambio, el impacto se relaciona más con la actividad productiva dado que el 50% teme una pérdida de ingresos derivada de afectaciones al empleo o del cierre de negocios. En el Valle de México aparece otra presión sobre el bolsillo ya que el 30% manifestó preocupación por tener que asumir directamente el costo de reparar su colonia después de una inundación.
Entre los hogares de nivel socioeconómico D+ las preocupaciones están más fragmentadas dado que el 35% señaló el costo de reparar su entorno, el 34% la pérdida de patrimonio y el 31% la afectación de sus ingresos.
“Los datos mostraron que un mismo fenómeno puede producir impactos económicos muy distintos. En algunas regiones está en juego la vivienda; en otras, la capacidad de seguir trabajando o mantener abierto un negocio. Para los hogares con menor margen financiero, cualquiera de estas afectaciones puede convertirse en una presión considerable”, explicó Levy.
Solo 5% atribuye las inundaciones a la naturaleza
Además del impacto económico, el estudio identificó un cambio relevante en la manera en que los mexicanos explican las inundaciones. En 2024, 38% atribuía estos fenómenos a la fuerza de la naturaleza; en 2026 la proporción cayó a solo 5%. En contraste, quienes responsabilizan a la falta de mantenimiento y limpieza aumentaron de 31% a 52%, mientras que la ausencia de grandes obras públicas pasó de 20% a 32 por ciento.
También cambió la percepción sobre la capacidad del país para enfrentar estos fenómenos. En 2024, 18% identificaba las deficiencias de infraestructura como una de las razones por las que México no estaba preparado para lluvias y huracanes; actualmente la cifra alcanza 41%. La percepción de ineficiencia gubernamental aumentó 25 puntos porcentuales, al pasar de 13% a 38 por ciento.
“La preocupación económica estuvo acompañada de una mayor exigencia sobre aquello que puede prevenirse. La ciudadanía ya no atribuyó automáticamente las pérdidas a la intensidad de la lluvia; comenzó a preguntarse cuánto del daño podría evitarse con mantenimiento, infraestructura y una mejor planeación”, señaló Pablo Levy.
Nueve de cada diez demandan soluciones de infraestructura
Ante el riesgo de perder patrimonio o ingresos, las prioridades de la población apuntan hacia soluciones de largo plazo. El 90% concentró sus demandas en medidas de infraestructura para reducir las afectaciones provocadas por lluvias severas.
El 52% consideró urgente desarrollar sistemas modernos de captación y almacenamiento de agua de lluvia y el 38% demandó rediseñar las redes de drenaje y alcantarillado. Solo 5% consideró prioritario mantener un modelo basado principalmente en alertas tempranas y albergues.
Esta percepción ocurre en un contexto en el que 58% consideró que México está poco o nada preparado para enfrentar la temporada de lluvias y huracanes, mientras que solo el 11% calificó al país como “muy preparado”.
“La discusión sobre infraestructura también incluye la protección patrimonial. Prevenir una inundación significa evitar que una familia tenga que destinar recursos no previstos a recuperar bienes, reparar su vivienda o enfrentar una interrupción en sus ingresos”, aseveró el Director General de Research Land.
La responsabilidad tampoco recae exclusivamente en las autoridades. El 82% de los mexicanos identificó tirar basura en calles, drenajes y alcantarillas como la principal falta de responsabilidad de la ciudadanía, frente a 7% que señaló habitar en zonas de alto riesgo, 6% no informarse ni contar con un plan de emergencia y 5% ignorar avisos de evacuación.
El contexto meteorológico mantiene vigente esta preocupación. Para la temporada 2026 se pronosticaron entre 29 y 36 ciclones tropicales en los océanos Pacífico y Atlántico, mientras que históricamente alrededor de cinco ciclones impactan directamente al territorio mexicano cada año.
