En respuesta a la creciente incidencia de suplantación de identidad en México, las instituciones financieras digitales y las autoridades reguladoras están reforzando medidas para proteger a los ciudadanos y garantizar la integridad del sistema financiero. El robo de identidad implica el uso fraudulento de la información personal para obtener beneficios ilegales, representa un desafío significativo con graves consecuencias económicas y sociales.
El sector financiero es uno de los más afectados por esta situación con pérdidas económicas sustanciales y un daño considerable a la reputación de las instituciones involucradas. Según el Estudio sobre el estado global de la ciberseguridad 2023, 7 de cada 10 encuestados mexicanos informaron de una o más violaciones en su organización por ciberataques, la mayoría provenientes de un punto de conexión propiedad de los empleados, la nube, puntos de acceso wifi o fuentes internas.
En conjunto, el valor promedio estimado de las pérdidas organizativas mexicanas (incluidas las pérdidas financieras directas e indirectas, así como el daño a la reputación y los gastos de reparación) derivadas de las violaciones del año pasado era de aproximadamente 2.6 millones de dólares. Los ataques más comunes fueron a través de phishing, ransomware y por terceros o cadenas de suministro de datos digitales.
Además, este tipo de ilícitos no sólo impacta en la economía de una empresa, también la confianza de los clientes se ve desgastada, lo que afecta la credibilidad y la lealtad. También, las instituciones podrían enfrentar multas y sanciones si no cumplen con las regulaciones necesarias.
En este contexto, Sistema de Transferencias y Pagos – STP, la fintech empresarial mexicana especializada en tecnologías de sistemas de pago en el país, recomienda a sus clientes el uso de herramientas tecnológicas que contrarresten las nuevas maneras que los ciberdelincuentes utilizan para realizar ataques a las empresas y sobre todo, proporcionar seguridad a sus clientes finales.
En México hay 54 millones de personas que son vulnerables al fraude de suplantación debido a que cuentan con al menos un producto financiero, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).
“Las instituciones financieras tradicionales así como las fintech están implementando diversas medidas para prevenir y mitigar los riesgos asociados con el robo de identidad, apoyándose en la tecnología que ofrecen empresas como Trully, que es una plataforma de Inteligencia Colectiva alimentada por Inteligencia Artificial (IA) que concentra reportes de defraudadores identificados por empresas y comercios de todo el país”, comentó Jorge Malanco, Director de Mercadotecnia, Comunicación y Continuidad Operativa, en Sistema de Transferencias y Pagos – STP.
A lo largo del 2023, se registraron al menos 160 empresas reportadas ante la CONDUSEF por suplantación de identidad. Este ilícito aumentó 54% del 2020 al 2021.
De acuerdo con Trully, la digitalización de los servicios bancarios se ha convertido en un pilar clave para el crecimiento de bancos y las fintech, especialmente cuando alrededor del 79.2% de la población mexicana mayor de 6 años, tiene acceso a un teléfono celular (INEGI).
“El deepfake es una tecnología que mediante inteligencia artificial te permite crear videos o fotografías hiperrealistas de situaciones, personas o eventos que realmente nunca ocurrieron”, dijo Fernando Paulin, CEO de Trully.
Para el sector crediticio, el desafío que presenta el Deepfake es particularmente significativo. Esta industria se fundamenta en la capacidad de verificar la identidad de las personas para evaluarlas y, posteriormente, otorgarles un crédito. Con el rápido avance de esta tecnología, surge la incertidumbre sobre si las entidades financieras y bancos podrán identificar a aquellos defraudadores que emplean esta tecnología.
Las campañas para informar a los clientes sobre los riesgos y las formas de proteger su información personal son clave en la prevención de estos ilícitos. Adicionalmente, la cooperación entre bancos, empresas fintech, autoridades reguladoras y compañías como Trully, es fundamental para compartir información y estrategias de prevención del fraude. La colaboración entre el sector público y privado es esencial para crear un entorno financiero más seguro y resiliente.